Un grupo de diputados oficialistas presentó en Chile un proyecto de ley que obligaría a mujeres y niñas a escuchar los latidos del corazón del feto antes de acceder a un aborto legal. La propuesta generó un intenso debate y provocó críticas de organizaciones de derechos sexuales, especialistas y autoridades políticas.
En Chile, el aborto solo está permitido en tres casos: cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el feto presenta una patología letal incompatible con la vida o cuando el embarazo es producto de una violación.
La iniciativa, denominada «Escucha su corazón», fue presentada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido Republicano (PR) y Renovación Nacional (RN). El proyecto obliga al personal médico a mostrar la actividad embrionaria antes del procedimiento. También establece que la paciente podrá escuchar los latidos del corazón del feto.
Aunque la mujer puede rechazar esa acción, la propuesta señala que el médico no debería practicar el aborto si no se cumple ese requisito. Los autores sostienen que una decisión de esta naturaleza requiere información «completa y objetiva». Además, citan leyes similares vigentes en algunos estados de Estados Unidos.
El diputado Cristóbal Urruticoechea aseguró que el feto constituye un ser independiente. También afirmó que escuchar sus latidos permitirá a la paciente comprender mejor la decisión que tomará. Según el parlamentario, la propuesta busca fortalecer el consentimiento informado antes de la interrupción del embarazo.
Organizaciones vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos rechazaron el proyecto. La directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, calificó la propuesta como una medida «cruel y revictimizante». Además, afirmó que vulnera la autonomía y la dignidad de las mujeres.
El matrón y ecografista Marcelo Ahumada también cuestionó la iniciativa. Explicó que los médicos ya informan sobre la vitalidad del embarazo durante las ecografías. Por ello, considera innecesario obligar a escuchar los latidos del feto. El especialista sostuvo que esa exigencia podría generar violencia obstétrica, sobre todo cuando el embarazo no es viable o representa un riesgo para la paciente.
La exministra de la Mujer, Antonia Orellana, también criticó la propuesta. Señaló que no resulta necesario imponer esta obligación en embarazos inviables o cuando la vida de la mujer corre peligro. El proyecto continuará su debate en el Congreso de Chile, donde distintos sectores mantienen posiciones enfrentadas sobre su aprobación.
