El Poder Judicial confirmó la condena de 17 años de prisión efectiva contra tres expolicías hallados culpables de los delitos de tortura agravada y violación sexual agravada en agravio de Azul Rojas Marín. La resolución ratifica la sentencia emitida en primera instancia y constituye un nuevo avance en uno de los casos más emblemáticos sobre violaciones a los derechos humanos en el Perú.
La decisión fue adoptada tras la sustentación realizada por la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, dirigida por la fiscal superior Rosario Quico Palomino.
El Poder Judicial concluyó que Azul Rojas Marín fue víctima de una intervención policial arbitraria el 25 de febrero de 2008 en el distrito de Casa Grande, provincia de Ascope, región La Libertad.
Durante la intervención, los agentes la trasladaron a la comisaría de Casa Grande, donde sufrió agresiones físicas, psicológicas y violencia sexual. La sentencia establece que los hechos estuvieron motivados por la orientación sexual de la víctima.
Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Ketty Garibay Mascco presentó los elementos de prueba que acreditaron que Azul Rojas Marín fue sometida a actos de tortura y agresión sexual como represalia tras negarse a brindar información a los efectivos policiales. Las pruebas permitieron demostrar la responsabilidad penal de los tres expolicías en los delitos investigados.
El proceso judicial se desarrolló en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que ordenó al Estado peruano investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Azul Rojas Marín.
Con esta resolución, el Poder Judicial reafirma la condena de 17 años de prisión efectiva y ratifica la obligación del Estado de garantizar justicia en casos de violencia, discriminación y vulneración de derechos fundamentales.
