El Ministerio Público destituyó a la abogada Johanny Yessenia Lindao Feria, quien se desempeñaba como fiscal provisional en Castilla, Piura, tras concluir el proceso disciplinario iniciado por la agresión contra un efectivo de la Policía Nacional durante una intervención de tránsito. (MIRA VIDEO AQUÍ)
El caso se volvió viral luego de que un video mostrara el momento en que la entonces fiscal golpeó con un cabezazo a un agente policial dentro de una dependencia de la PNP. El hecho generó una investigación penal y otra administrativa que finalmente concluyó con su separación definitiva del Ministerio Público.
El incidente ocurrió en el distrito de Castilla cuando agentes de tránsito intervinieron un vehículo por presuntas maniobras temerarias. Según la investigación, el conductor presentaba aparentes signos de haber consumido alcohol.
Johanny Lindao viajaba como pasajera. Durante la intervención, se negó a identificarse formalmente, insultó a los policías y, de acuerdo con el parte policial, intentó influir en el procedimiento al señalar que conocía a altos mandos policiales y funcionarios públicos. Los agentes la trasladaron posteriormente a la dependencia policial para continuar con las diligencias.
Dentro de la comisaría, la fiscal buscó al efectivo que elaboraba el acta de intervención y le propinó un cabezazo. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad y fue difundida ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.
Tras el ataque, las autoridades la detuvieron por 48 horas por el presunto delito de violencia y resistencia contra la autoridad. La investigación avanzó de manera paralela en la vía penal y administrativa.
Luego de evaluar el caso, el Ministerio Público resolvió destituir a Johanny Lindao Feria, poniendo fin a sus funciones como fiscal provisional. La institución concluyó que existían responsabilidades derivadas de su conducta durante la intervención policial. Mientras tanto, el proceso penal continúa para determinar las sanciones que correspondan conforme a la legislación vigente.
El Código Penal establece que agredir a un miembro de la Policía Nacional durante el ejercicio de sus funciones constituye un delito de violencia y resistencia contra la autoridad. Cuando el agresor es un funcionario público, la pena puede agravarse y alcanzar hasta 15 años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las autoridades continúan con las investigaciones judiciales mientras el caso sigue bajo evaluación en la vía penal.
