La Fiscalía inspeccionó la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en San Isidro. La diligencia se realizó después de que un informe periodístico advirtiera posibles fallas estructurales que podrían poner en riesgo el edificio durante un sismo de gran magnitud.
El objetivo del operativo es verificar las condiciones actuales del inmueble y determinar si las autoridades tomaron medidas para proteger a los trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente al ministerio.
La inspección comenzó tras la difusión de un estudio de ingeniería sobre el edificio. El informe señala que el Estado compró el inmueble en 2018 por 33,5 millones de dólares, pero no realizó previamente un estudio especializado sobre su comportamiento frente a un terremoto.
En 2020, el ingeniero estructural Carlos Cortijo Narváez elaboró un estudio de sismorresistencia. El documento identificó vulnerabilidades y concluyó que la construcción presenta deficiencias de diseño desde la década de 1990.
El estudio detectó una asimetría estructural causada por la ubicación de la caja de ascensores. Según los especialistas, esta condición podría aumentar la tensión sobre la estructura durante un fuerte movimiento sísmico.
Además, el informe señala que el sexto piso concentra el mayor nivel de vulnerabilidad. En esa zona podría formarse un «piso blando», fenómeno que comprometería la estabilidad del edificio durante un terremoto severo. Los especialistas aclararon que el informe no afirma que el edificio vaya a colapsar de inmediato. Sin embargo, advierten que el riesgo aumenta si ocurre un sismo de gran intensidad.
Pese a las observaciones técnicas, la sede del Ministerio de Vivienda continúa operando con normalidad. Cientos de trabajadores y ciudadanos ingresan diariamente al edificio. Después de conocerse el estudio, las autoridades plantearon ejecutar un proyecto de reforzamiento estructural. Sin embargo, las obras quedaron paralizadas por una controversia contractual y nunca se iniciaron. Ahora, la Fiscalía busca determinar si los responsables adoptaron acciones para reducir los riesgos y garantizar la seguridad de quienes laboran o visitan el inmueble.
