El Poder Judicial ordenó la liberación de tres miembros de mesa investigados por la presunta alteración de cédulas electorales en el distrito de Los Olivos durante la segunda vuelta presidencial.
La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lima Norte, que declaró improcedente el pedido fiscal para procesarlos mediante la vía de flagrancia.
La magistrada Vania Palomino concluyó que la Fiscalía no logró demostrar una flagrancia evidente ni individualizar la conducta de cada investigado.
Por ello, rechazó el pedido de proceso inmediato contra Tomás Alegre Díaz, Joseph Aguilar Peñaloza y Martín Alarcón de la Cruz. Sin embargo, precisó que la investigación continuará mediante un proceso común.
El caso ocurrió en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. Durante la jornada electoral, las autoridades detectaron 37 cédulas de votación con marcas realizadas con lapicero azul.
Los tres ciudadanos cumplían funciones como miembros de mesa cuando se descubrió la irregularidad. A pesar del incidente, la ONPE reemplazó el material observado y la votación continuó con normalidad.
La principal testigo denunció haber recibido cédulas marcadas antes de emitir su voto. No obstante, durante su declaración no pudo identificar quién le entregó el material ni quién realizó las rayaduras.
Ante esta situación, la jueza consideró que no existían elementos suficientes para sustentar una detención por flagrancia. Aunque los investigados recuperaron su libertad, la Fiscalía continuará las diligencias para determinar responsabilidades.
Además, deberá establecer cómo aparecieron las cédulas marcadas y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.
Las defensas legales sostienen que sus patrocinados actuaron de buena fe y pidieron revisar toda la cadena de custodia del material electoral.
El juzgado concluyó que el caso requiere una investigación más profunda antes de determinar posibles responsabilidades penales.
Por ello, ordenó la liberación de los tres ciudadanos y dispuso que el proceso continúe bajo el procedimiento regular establecido por ley.
